Un libro de historia de México, una novela infantil, un volumen de divulgación científica, una obra escrita en maya, náhuatl o alguna de las otras lenguas nacionales. A partir del próximo 28 de septiembre, las editoriales mexicanas podrán proponer títulos de sus catálogos para que terminen en los estantes de bibliotecas públicas del país.
La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Bibliotecas, y el Fondo de Cultura Económica (FCE) publicaron este 21 de septiembre una convocatoria con 50 millones de pesos destinados a la compra de libros. Los ejemplares seleccionados se incorporarán a los acervos de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y comenzarán a distribuirse durante 2027.
La convocatoria coloca a las editoriales del país en una posición poco habitual dentro de una compra pública: serán ellas quienes revisen sus catálogos y propongan qué libros podrían formar parte de los nuevos acervos. Pueden presentar tantos títulos como consideren pertinentes, aunque cada uno deberá contar con una existencia mínima de 200 ejemplares.
Qué libros está buscando la Red
Las bases delimitan cinco campos: historia de México, literatura infantil y juvenil, literatura mexicana, divulgación científica y libros bilingües en alguna de las 68 lenguas mexicanas. Cada propuesta deberá incluir datos como ISBN, autor, género, precio de catálogo, descuento ofrecido, ejemplares disponibles y una reseña de hasta mil caracteres.
No aparece, en cambio, una lista previamente decidida de autores o sellos. La selección estará a cargo de una comisión que la Secretaría de Cultura describe como “imparcial y plural”, encargada de revisar las listas recibidas tomando en cuenta las temáticas establecidas en la convocatoria. Los resultados se publicarán el 30 de octubre.
Ese mecanismo deja abierta una pregunta que tardará algunas semanas en responderse: qué aspecto tendrá finalmente esa biblioteca construida a partir de cientos —quizá miles— de propuestas editoriales. Las bases no establecen de antemano un número total de títulos que serán adquiridos ni una cantidad uniforme de ejemplares por obra.
Sí fijan algo más concreto: los sellos deben tener libros disponibles ahora. La exigencia de al menos 200 ejemplares convierte el inventario en parte de la selección y marca una diferencia entre una obra que existe en un catálogo y otra que puede colocarse rápidamente en cientos de estantes.
Del catálogo a la biblioteca
El calendario es corto. El registro de títulos comenzará el 28 de septiembre y cerrará el 7 de octubre a las 23:59 horas. Las propuestas serán revisadas entre el 8 y el 29 de octubre; después de conocerse los resultados, las editoriales seleccionadas deberán completar la documentación contractual y entregar los ejemplares entre el 6 y el 13 de noviembreen la bodega de la Dirección General de Bibliotecas, en Ciudad de México.
A partir de ahí comienza otro recorrido: clasificación, incorporación a los acervos y distribución durante 2027. Las propias bases precisan que los materiales serán enviados a parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, por lo que la convocatoria no implica que cada título adquirido vaya a llegar a cada biblioteca del país.
La escala de esa red ayuda a dimensionar el desafío. El directorio actual de la Dirección General de Bibliotecas registra 7,476 bibliotecas públicas, de las cuales 6,462 aparecen como abiertas. La mayoría —6,590— son municipales, además de bibliotecas regionales, estatales, institucionales y federales repartidas por el territorio mexicano.
Entre una compra realizada en Ciudad de México y un libro disponible en una biblioteca municipal hay, entonces, una cadena bastante menos visible que el momento de publicación: almacenes, clasificación, transporte, catálogos y decisiones sobre qué acervo recibe cada ejemplar.
Cincuenta millones y una industria de muchos tamaños
La compra había sido anunciada el 9 de septiembre como parte de República Lectora, la política federal que reúne distintas medidas relacionadas con libros, librerías y bibliotecas. En aquella presentación, Cultura señaló que los 50 millones de pesos provienen de su presupuesto de 2026 y que la convocatoria estaría orientada principalmente hacia editoriales mexicanas independientes, pequeñas y medianas.
La convocatoria publicada días después admite formalmente la participación de editoriales y grupos editoriales nacionales, sin limitarla en sus bases exclusivamente por tamaño. Los grupos pueden presentar una propuesta conjunta, mientras que los sellos que pertenezcan a ellos también tienen la posibilidad de participar individualmente.
Para una editorial, una biblioteca pública representa una clase particular de circulación. El ejemplar adquirido no depende de que alguien lo encuentre en una mesa de novedades ni de que permanezca unas semanas en una librería: pasa a un acervo al que distintos lectores pueden regresar durante años. En municipios donde la oferta comercial de libros es reducida, esa ruta adquiere otra dimensión.
Paco Ignacio Taibo II, director del FCE, afirmó al presentar el programa el 9 de septiembre que las bibliotecas llevaban diez años sin realizar una adquisición de libros de esta naturaleza. La declaración proviene del propio funcionario; la convocatoria actual se presenta como el primer paso para reactivar esa compra masiva.
Lo que todavía no sabemos
Los 50 millones de pesos ofrecen una cifra inmediata. El resultado editorial tardará más en hacerse visible.
Hasta que se publique la selección del 30 de octubre no sabremos qué autores, sellos y obras atravesarán el filtro de la comisión. Tampoco puede calcularse todavía cuántos títulos distintos comprará el Estado: el costo final dependerá de los precios, descuentos y cantidades contratadas con cada editorial. Las bases permiten presentar un número ilimitado de obras y solicitan precisamente el precio de catálogo y el porcentaje de descuento de cada una.
Hay otro detalle pequeño, pero revelador. Entre las categorías elegidas aparecen los libros bilingües en alguna de las 68 lenguas mexicanas junto con literatura infantil, historia, literatura mexicana y ciencia. Si esos títulos llegan finalmente a la selección, la renovación del acervo también podrá medirse por aquello que empieza a encontrarse en los anaqueles y que antes resultaba difícil encontrar.
Durante diez días, del 28 de septiembre al 7 de octubre, esa decisión estará primero en manos de las editoriales: revisar bodegas, volver a mirar sus catálogos y elegir qué libros quieren poner a consideración. Después vendrán la comisión, los contratos y las cajas. En algún momento de 2027, el proceso administrativo terminará donde debía terminar desde el principio: con un lector sacando uno de esos libros de un estante.
