El sábado 26 de septiembre de 2026, antes de que comenzara la marcha por Paseo de la Reforma, buena parte del camino hacia el Zócalo ya estaba cercado. Placas metálicas protegían comercios, oficinas y monumentos; detrás de ellas, la ciudad esperaba una manifestación que conoce desde hace doce años. Después aparecieron las fotografías. Cuarenta y tres rostros impresos volvieron a recorrer las calles sostenidos por padres y madres que han envejecido frente a las cámaras, las fiscalías, los cuarteles y las puertas de Palacio Nacional. Esta vez algunos caminaron acompañados por hijos y nietos de la familia, una generación que era niña —o todavía no había nacido— cuando ocurrió la desaparición.
En México hay fechas que se recuerdan mediante ceremonias y otras que regresan convertidas en pregunta. El 26 de septiembre pertenece a las segundas. Entre la noche de ese día y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron atacados en distintos puntos de Iguala, Guerrero. El saldo documentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes fue de seis personas asesinadas, 43 estudiantes desaparecidos, 40 heridos y al menos 120 personas perseguidas o expuestas a ataques contra su vida.
Doce años después conocemos mucho más sobre aquellas horas que en 2014. Sabemos también cuánto de lo que se presentó entonces como explicación definitiva era insostenible. Lo que continúa faltando es precisamente aquello que las familias preguntaron primero: ¿Dónde están?
Una noche repartida por Iguala
Los estudiantes habían salido de Ayotzinapa con la intención de conseguir autobuses que utilizarían para trasladarse a la marcha del 2 de octubre en Ciudad de México, una práctica habitual dentro de la organización estudiantil de las normales rurales. Aquella noche tomaron varios vehículos y se desplazaron por Iguala. A partir de ahí, la historia deja de tener un escenario único: hubo persecuciones, disparos y ataques en distintos puntos de la ciudad; participaron policías municipales y, según las investigaciones posteriores, integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, mientras diferentes corporaciones de seguridad seguían los movimientos de los normalistas. La investigación oficial presentada por la Comisión para la Verdad en 2022 concluyó que autoridades municipales, estatales y federales tuvieron conocimiento de su recorrido durante aquellas horas y calificó la desaparición como un crimen de Estado.
Esa dispersión importa. Durante años, buena parte de la conversación pública alrededor de Ayotzinapa quedó atrapada en un solo lugar: el basurero de Cocula. Allí situó la Procuraduría General de la República la explicación que en enero de 2015 su titular, Jesús Murillo Karam, llamó públicamente «verdad histórica». Según aquella reconstrucción, integrantes de Guerreros Unidos habían recibido a los normalistas, los habían asesinado e incinerado durante horas y después habían arrojado los restos al río San Juan. La imagen era terrible y, quizá por eso mismo, parecía cerrar el relato. Había un escenario, una secuencia y un desenlace.
Los peritajes posteriores comenzaron a desarmarla. El GIEI concluyó que las condiciones necesarias para incinerar allí 43 cuerpos de la manera descrita por la PGR no estaban sustentadas por la evidencia científica; el Equipo Argentino de Antropología Forense llegó también a conclusiones incompatibles con aquella reconstrucción. Con los años aparecieron declaraciones obtenidas bajo tortura, diligencias cuestionadas y contradicciones entre testimonios, hasta que la propia Comisión para la Verdad del Estado mexicano describió la «verdad histórica» como una construcción gubernamental destinada a sostener una versión falsa de los hechos.
El problema dejó entonces de ser únicamente averiguar qué había ocurrido la noche del 26 de septiembre. También había que reconstruir qué había sucedido después dentro de las instituciones encargadas de investigarla.
Tres identificaciones
Hay una cifra mucho menor que 43 que ayuda a entender dónde se encuentra hoy el caso: tres. A lo largo de doce años se han identificado genéticamente restos correspondientes a Alexander Mora Venancio, Jhosivani Guerrero de la Cruz y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. Son los únicos estudiantes de los 43 cuyos restos han podido ser identificados. Las propias autoridades han señalado que las pruebas disponibles apuntan a que los estudiantes fueron asesinados, aunque todavía se desconoce el destino individual de la inmensa mayoría y tampoco existe una reconstrucción judicial completa de lo sucedido con todos ellos.
El dato produce una extraña desproporción. El expediente ha acumulado miles de tomos, declaraciones, órdenes de aprehensión, peritajes, llamadas interceptadas, búsquedas en campo y años de investigaciones nacionales e internacionales; frente a ese volumen documental permanecen cuarenta familias sin una identificación que les permita saber qué ocurrió con sus hijos.
También por eso los rostros han adquirido un lugar particular en la memoria mexicana. Los 43 aparecen en murales, carteles, esténciles y mantas; forman cuadrículas de fotografías escolares que llevan más de una década reproduciéndose. La repetición podría haberlos convertido en un símbolo abstracto; las familias han hecho lo contrario: siguen diciendo sus nombres. Una desaparición intenta borrar la continuidad de una vida, pero nombrar, insiste en devolverla.
Investigar la investigación
El trabajo del GIEI cambió la manera de leer el caso porque amplió el mapa. El grupo de expertos, creado mediante un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano y los representantes de las familias, comenzó a trabajar en México en 2015. Sus informes examinaron las rutas de los autobuses, comunicaciones, actuaciones policiales y militares, diligencias ministeriales y evidencias forenses; documentaron también irregularidades en la investigación original.
Con el tiempo, Ayotzinapa empezó a mostrar otra dimensión: las instituciones que debían proporcionar respuestas también podían convertirse en parte del objeto investigado. Archivos incompletos, información solicitada durante años, testimonios contradictorios y actos ministeriales cuestionados hicieron que cada nueva línea tuviera que enfrentarse con lo ocurrido en 2014 y con la manera en que se investigó desde entonces.
En 2019 se creó una unidad especial dentro de la Fiscalía General de la República para retomar el expediente. Se revisaron archivos de dependencias federales, información telefónica y escuchas obtenidas en Estados Unidos; el GIEI señaló que ese material permitió reconstruir conexiones que no habían sido incorporadas durante la primera etapa de la investigación.
El propio grupo dejó México nuevamente en 2023. En su último informe habló de avances, pero también de obstáculos y asuntos pendientes. Doce años después, una de las peticiones de las familias vuelve a ser precisamente que los expertos internacionales regresen. Durante la marcha de este 26 de septiembre reclamaron a la presidenta Claudia Sheinbaum que se generen las condiciones para ello. El calendario gubernamental cambia; el expediente permanece.
Lo que volvió a moverse
En agosto de 2026 ocurrió algo que habría parecido improbable durante buena parte de la década anterior: el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por su probable participación en el delito de desaparición forzada. La acusación de la FGR sostiene que Aguirre habría intervenido en el ocultamiento de información relacionada con grabaciones de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala, material considerado relevante para reconstruir el traslado de un grupo de estudiantes. La imputación se encuentra en proceso judicial y no equivale a una sentencia de culpabilidad.
La Fiscalía ha dicho que durante 2026 reanalizó las actuaciones acumuladas y abrió nuevas líneas de investigación. Algunas indagatorias recientes han vuelto sobre el posible uso de funerarias por integrantes de Guerreros Unidos para desaparecer cuerpos; también se siguen examinando comunicaciones y movimientos de personas relacionadas con el grupo criminal. Ninguna de esas líneas ha producido, hasta ahora, una explicación definitiva sobre el destino de los estudiantes.
El lunes 28 de septiembre, autoridades federales tienen previsto presentar a las familias un nuevo informe sobre los resultados de estas investigaciones. La expectativa convive con una cautela adquirida durante doce años: Ayotzinapa ha tenido antes anuncios decisivos, reconstrucciones presentadas como concluyentes y promesas de esclarecimiento que después se deshicieron frente a nuevas pruebas. El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, afirmó este fin de semana que localizar a los estudiantes continúa siendo una prioridad del gobierno y que se trabaja conjuntamente con la FGR y la unidad especializada del caso. Las familias respondieron desde la calle: reconocen que ha habido movimientos en la investigación, pero sostienen que siguen sin tener la respuesta que buscan. Será necesario leer ese informe cuando exista, no antes.
Los que siguen caminando
En la marcha del duodécimo aniversario había una imagen que apenas necesitaba explicación. Algunos padres avanzaban con dificultades físicas; alrededor de ellos caminaban familiares más jóvenes vestidos con camisetas azul cielo en las que aparecían los rostros de los normalistas. Doce años cabían, de pronto, entre esas dos generaciones.
Para quienes observan el caso desde fuera, Ayotzinapa puede convertirse fácilmente en una sucesión de nombres institucionales: PGR, FGR, GIEI, Comisión para la Verdad, Ejército, fiscalías, tribunales. Para una madre que ha recorrido durante doce años oficinas gubernamentales cargando la fotografía de su hijo, el tiempo tiene otra medida.
En septiembre de 2014 esos jóvenes tenían alrededor de veinte años. Sus compañeros continuaron estudiando, formaron familias, consiguieron trabajos, envejecieron. Ellos permanecen en las fotografías con la misma edad.
Quizá allí se encuentre una de las razones por las que Ayotzinapa se resiste a convertirse en pasado. Un país puede archivar un expediente; una familia no puede archivar a alguien que sigue desaparecido. Cada aniversario vuelve a colocar ambas temporalidades frente a frente: la del Estado, hecha de gobiernos, funcionarios, investigaciones que empiezan y terminan, y la de quienes todavía esperan saber qué ocurrió durante unas horas de septiembre de 2014.
Al terminar la marcha del sábado, las fotografías volvieron a salir del Zócalo con las familias. El lunes habrá otro informe. Los 43 rostros seguirán teniendo la edad que tenían aquella noche.
