A las seis de la tarde del miércoles 2 de octubre de 1968, la Plaza de las Tres Culturas todavía podía reconocerse como una plaza. Había estudiantes, profesores, vecinos de la Unidad Tlatelolco, familias que habían acudido al mitin y periodistas; desde el tercer piso del edificio Chihuahua hablaban los dirigentes del movimiento mientras soldados permanecían en los alrededores. La marcha que originalmente seguiría hacia el Casco de Santo Tomás había sido cancelada. El encuentro estaba por terminar cuando un helicóptero apareció sobre los edificios y unas bengalas descendieron hacia la plaza. Lo que ocurrió después convertiría ese lugar, donde convivían las ruinas de México-Tlatelolco, el templo colonial de Santiago y la arquitectura moderna de Mario Pani, en uno de los espacios más cargados de la memoria política mexicana.
Las reconstrucciones posteriores coinciden en la presencia de integrantes del Batallón Olimpia vestidos de civil, identificados mediante un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda. La Mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia señala que aquellos hombres se habían infiltrado hasta el edificio Chihuahua y describe las bengalas lanzadas desde el helicóptero como una probable señal para el comienzo de los disparos; la CNDH recoge también el despliegue del Ejército y del Batallón Olimpia en la llamada Operación Galeana, cuyo objetivo incluía la detención de dirigentes del Consejo Nacional de Huelga. En pocos minutos, la geometría abierta de la plaza se volvió una trampa. La gente corrió hacia los edificios, buscó refugio en departamentos ajenos, se tendió sobre el suelo. Soldados ingresaron después a viviendas de la unidad habitacional en busca de quienes habían escapado del tiroteo.
Diez días más tarde, el Estadio Olímpico Universitario recibiría a atletas de todo el mundo para la ceremonia inaugural de los Juegos de la XIX Olimpiada. Las dos imágenes —la plaza bajo el fuego y el estadio convertido en escaparate internacional— pertenecen al mismo octubre.
Una ciudad vigilada
Tlatelolco no comenzó aquella tarde. Para entonces, el movimiento estudiantil llevaba más de dos meses recorriendo las calles de la Ciudad de México y el conflicto había dejado hacía tiempo los planteles escolares. Su origen inmediato estaba en los enfrentamientos de julio entre estudiantes y en la posterior intervención violenta del cuerpo de granaderos; después vinieron las huelgas, la organización del Consejo Nacional de Huelga, las manifestaciones multitudinarias y un pliego petitorio que exigía, entre otros puntos, libertad a presos políticos, desaparición del cuerpo de granaderos y derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, utilizados para perseguir el llamado delito de disolución social.
El movimiento había encontrado además una manera de disputar públicamente el relato que el gobierno hacía de él. El 13 de septiembre, miles de personas caminaron por la ciudad durante la Marcha del Silencio; algunos estudiantes llevaron esparadrapo sobre la boca. El gesto respondía a las acusaciones de provocación y desorden que circulaban desde el poder y buena parte de la prensa. Cinco días después, el Ejército ocupó Ciudad Universitaria. Documentación conservada por el Archivo General de la Nación registra que el operativo del 18 de septiembre dejó más de 1,500 detenidos. El Casco de Santo Tomás sería ocupado también durante aquellos días.
En los expedientes que décadas más tarde pudieron consultarse aparece otra dimensión del conflicto: el Estado observaba. La Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales reunían nombres, fotografías, movimientos, reuniones e informes sobre organizaciones consideradas subversivas o potencialmente sediciosas. Los documentos continuaron siguiendo a integrantes del movimiento incluso después del 2 de octubre. Parte de esos fondos permaneció durante años bajo reserva o confidencialidad; en 2018, cuando se cumplió medio siglo de la matanza, miles de registros comenzaron a incorporarse a proyectos públicos de consulta.
La tarde del mitin, por eso, no ocurrió frente a un gobierno sorprendido por una concentración inesperada. La plaza llevaba horas bajo observación. Investigaciones, fotografías y testimonios reconstruidos durante décadas permiten saber que fuerzas militares se encontraban desplegadas en la zona y que miembros del Batallón Olimpia habían llegado vestidos de civil. Entre la multitud era imposible distinguir con claridad quién pertenecía a qué cuerpo. Esa confusión sería decisiva cuando comenzaron los disparos.
Las bengalas
Hay detalles históricos que sobreviven porque caben en una imagen. En Tlatelolco quedaron las luces descendiendo desde el helicóptero, los guantes blancos, los zapatos abandonados en la plaza, la gente escondida dentro de departamentos mientras los soldados registraban los edificios. Muchas de las fotografías de aquella noche no muestran el momento preciso en que alguien dispara; muestran lo que ocurre alrededor del disparo: soldados avanzando, cuerpos sobre el suelo, personas con las manos en alto, jóvenes detenidos.
Determinar exactamente quién disparó primero, desde qué edificios y cómo se transmitieron las órdenes ocupó durante décadas investigaciones periodísticas, testimonios, procesos judiciales y apertura de archivos. Hay un elemento mejor establecido: miembros del Batallón Olimpia participaron en la operación, mientras el Ejército rodeaba y penetraba la plaza. La versión que durante años presentó lo ocurrido como un enfrentamiento provocado por estudiantes armados fue debilitándose conforme aparecieron documentos y testimonios sobre la intervención de fuerzas estatales. La propia documentación oficial mexicana disponible hoy describe la matanza como una represión del Estado contra el movimiento estudiantil.
El fuego continuó mientras oscurecía. Hubo detenciones en la plaza y dentro de los edificios, traslados a instalaciones policiales, cárceles y dependencias militares. Los archivos de la Dirección Federal de Seguridad conservan expedientes de personas llevadas aquella noche al Campo Militar Número Uno; algunos registran el día de entrada y la posterior liberación o consignación ante un juez, otros únicamente documentan el ingreso. En una de las listas localizadas aparecen 34 detenidos trasladados allí. Es una muestra pequeña dentro de una operación mucho mayor y, a la vez, un ejemplo inquietante de lo que significa reconstruir Tlatelolco desde papeles administrativos: una ficha puede decir cuándo alguien entró y guardar silencio sobre cómo salió.
¿Cuántos murieron?
A la mañana siguiente podían limpiarse las manchas de la plaza. Mucho más difícil sería fijar un número. Las cifras sobre las personas asesinadas el 2 de octubre han cambiado según la fuente, el momento y los documentos considerados. Un informe histórico de la CNDH recoge que las cifras oficiales hablaron de 23 civiles y dos soldados muertos, 36 heridos y 1,996 detenidos, mientras el Consejo Nacional de Huelga estimó entonces alrededor de 150 fallecidos. Otra página histórica de la propia Comisión menciona una cifra superior a 300 víctimas. El Archivo General de la Nación habla de un saldo todavía desconocido y calcula en cientos a muertos, heridos y detenidos. El INAH es quizá más preciso al explicar el problema: el cerco informativo posterior a los hechos impidió establecer un conteo completo de las personas fallecidas e incluso identificar a todas ellas.
La diferencia entre 23, 150 o más de 300 personas no puede tratarse como una simple discrepancia estadística. Cada número proviene de condiciones distintas para producir información. Durante las primeras horas, quien tenía capacidad de reunir partes militares, controlar dependencias públicas y comunicar cifras era el mismo aparato gubernamental involucrado en el operativo. Del otro lado estaban estudiantes, familias, hospitales, periodistas y testigos tratando de averiguar quién había sido detenido, quién estaba herido y quién no había regresado a casa.
Después llegarían los archivos, pero tampoco ellos ofrecieron una contabilidad perfecta. Algunos habían permanecido reservados; otros contienen huecos, versiones contradictorias o registros parciales. El Archivo General de la Nación conserva hoy fondos de los organismos de inteligencia, de la Procuraduría capitalina y colecciones fotográficas relacionadas con 1968, miles de páginas que permiten reconstruir operaciones, seguimientos y detenciones. Un expediente policial nunca fue diseñado para responder todas las preguntas que harían los historiadores medio siglo después. A veces confirma una presencia. A veces conserva una fecha. A veces termina demasiado pronto.
Por eso la ausencia de una cifra definitiva se volvió parte de la historia de Tlatelolco. La incertidumbre no disminuye lo ocurrido; permite ver otro aspecto de la violencia de Estado, la dificultad posterior para saber con exactitud a quiénes alcanzó.
Después de la plaza
Los Juegos Olímpicos comenzaron el 12 de octubre. México ofreció al mundo una ceremonia construida alrededor de una de las identidades gráficas más reconocibles del siglo XX, instalaciones deportivas modernas y la primera Olimpiada realizada en América Latina. En la misma ciudad había familias buscando detenidos y presos políticos dentro de cárceles mexicanas.
Algunos integrantes del Consejo Nacional de Huelga pasarían años procesados. Luis González de Alba, detenido en Tlatelolco, fue llevado a Lecumberri y condenado a dieciséis años de prisión por delitos entre los que figuraba la disolución social; permaneció encarcelado alrededor de dos años y durante ese periodo escribió Los días y los años, uno de los libros que fijarían la experiencia del movimiento en la literatura mexicana. El manuscrito mecanografiado se conserva actualmente en el Archivo General de la Nación.
La memoria del 2 de octubre tomó otras formas fuera de los expedientes. Fotografías, libros, películas, testimonios orales, placas y marchas anuales fueron construyendo un archivo paralelo al del Estado. La frase “2 de octubre no se olvida”acabó pasando de una generación a otra incluso entre personas nacidas décadas después de 1968. Su persistencia tiene algo que ver con aquello que los documentos pudieron demostrar, pero también con aquello que todavía no consiguen cerrar.
Durante años, la discusión jurídica alrededor de Tlatelolco avanzó con dificultades, entre investigaciones frustradas, problemas de prescripción y disputas sobre la responsabilidad de antiguos funcionarios. El lenguaje público también cambió. “Enfrentamiento”, “disturbios”, “represión”, “matanza”, “masacre” y “crimen de Estado” no describen exactamente la misma responsabilidad; la elección de una palabra determina quién aparece actuando y quién queda reducido a una multitud anónima.
El 2 de octubre de 2024, cincuenta y seis años después de aquella tarde, el Diario Oficial de la Federación publicó un acuerdo mediante el cual el Estado mexicano reconoció formalmente que la matanza estudiantil de 1968 constituyó un crimen de lesa humanidad. El documento oficial incorporó esa calificación a una historia que durante décadas había sido reconstruida por sobrevivientes, familiares, investigadores, periodistas y organizaciones de derechos humanos antes de recibir ese reconocimiento gubernamental.
Queda algo extraño en la distancia entre ambas fechas. En 1968, el Estado podía desplegar soldados alrededor de una plaza y producir después una cifra oficial de muertos; en 2024, otro gobierno, desde las páginas del mismo aparato estatal, reconoció que lo ocurrido allí pertenecía a la categoría de los crímenes de lesa humanidad. Entre ambos documentos caben cincuenta y seis años de expedientes abiertos, fotografías examinadas una y otra vez, testimonios y nombres recuperados de listas que alguna oficina creyó administrativas.
La Plaza de las Tres Culturas sigue allí. Desde ciertos puntos pueden verse al mismo tiempo las piedras prehispánicas, la iglesia de Santiago y los edificios modernos levantados alrededor de ellas. En el suelo hay una estela dedicada a quienes murieron el 2 de octubre, contiene nombres. Después de la lista aparece una frase inevitable: “y muchos otros compañeros cuyos nombres y edades aún no conocemos”. La piedra tampoco puede cerrar la cifra.
