La hoja mide poco más de setenta centímetros de alto. El papel, hecho a mano con fibras de trapo, conserva roturas en los bordes, manchas y zonas donde el tiempo ha cambiado el color de la superficie. Sobre ella corre una caligrafía inclinada, todavía elegante dos siglos después. La primera frase ocupa casi todo el ancho: «La Nación Mexicana que, por trescientos años, ni ha tenido voluntad propia, ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido». Abajo aparecen las firmas. Algunas son compactas; otras se extienden en bucles y rúbricas que parecen querer ocupar su propio territorio. El documento que hoy guarda el Archivo General de la Nación mide 72.2 por 53.4 centímetros y está escrito con tinta de distintas tonalidades de café.
El 28 de septiembre de 1821 aquella hoja todavía estaba nueva. La víspera, el Ejército Trigarante había entrado en la Ciudad de México y una guerra iniciada once años antes llegaba a su desenlace político. Había desfiles, arcos levantados para recibir a las tropas y calles engalanadas con los colores adoptados en Iguala. Al día siguiente comenzó una tarea bastante menos espectacular: organizar un gobierno para el territorio que acababa de separarse de la monarquía española. La Junta Provisional Gubernativa quedó instalada en Palacio y, durante su primera sesión, se pronunció el Acta de Independencia del Imperio Mexicano.
Entre una multitud entrando a una capital y un grupo de hombres inclinándose sobre un papel hay apenas veinticuatro horas. Buena parte de la historia política ocurre en esa distancia.
Un país escrito en presente
El acta comienza hablando de tres siglos. Después cambia de tiempo verbal. La nación «sale hoy» de la opresión; «comienza a hacer uso» de sus derechos; «declara solemnemente» que es soberana e independiente. El texto intenta producir presente mediante la escritura. Aquello que durante años había circulado como rebelión, proyecto político, negociación militar y promesa necesitaba adquirir la sintaxis de un Estado.
Habían existido declaraciones anteriores. En 1813, el Congreso de Chilpancingo proclamó la independencia de la América Septentrional; un año después apareció el Decreto Constitucional de Apatzingán. La guerra continuó. En 1821, el escenario era distinto. El Plan de Iguala, proclamado en febrero por Agustín de Iturbide, había articulado una alianza que reunió a antiguos realistas con fuerzas insurgentes; los Tratados de Córdoba, firmados en agosto por Iturbide y Juan O’Donojú, establecieron las bases de la transición, aunque posteriormente las Cortes españolas rechazaron su validez. El acta del 28 de septiembre llegó al final de esa secuencia y trasladó al papel la declaración del nuevo gobierno.
Hay algo revelador en su nombre completo. No decía República Mexicana. Tampoco Estados Unidos Mexicanos. Era el Acta de Independencia del Imperio Mexicano.
El país que allí aparece todavía imaginaba su futuro como una monarquía constitucional, conforme al proyecto establecido en Iguala y Córdoba. El problema de quién ocuparía el trono seguía abierto. La independencia podía declararse en una tarde; decidir la forma del Estado tomaría años, golpes políticos, congresos, rebeliones y constituciones. La hoja que hoy observamos desde la estabilidad retrospectiva de dos siglos pertenecía a un momento bastante menos resuelto; también importa mirar quiénes estaban alrededor de la mesa.
La Junta Provisional Gubernativa había sido integrada bajo una fuerte influencia de Iturbide con representantes vinculados a las principales corporaciones y grupos de poder del orden novohispano. Según el INEHRM, antiguos insurgentes como Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria quedaron fuera de la firma del acta. Guerrero había participado apenas un día antes en la entrada del Ejército Trigarante a la capital; su nombre, pese a su papel en la consumación de la independencia, no aparece al pie del documento.
Esa ausencia evita convertir la escena en una fotografía demasiado cómoda del nacimiento nacional. México había alcanzado la independencia mediante una coalición cuya unidad comenzaría pronto a mostrar sus límites.
Dos originales
Juan José Espinosa de los Monteros, secretario de la Junta, preparó dos ejemplares. Ambos fueron firmados. No eran copias posteriores destinadas a los archivos: desde el comienzo existieron dos originales del documento con el que el nuevo gobierno declaraba su soberanía. Uno quedó vinculado al Poder Legislativo; el otro fue destinado al gobierno, la duplicación resultó providencial.
El ejemplar conservado por el Legislativo acompañó durante décadas a esa institución hasta llegar al recinto de la Cámara de Diputados instalado en Palacio Nacional. La noche del 22 de agosto de 1909 un incendio destruyó la Cámara. El acta desapareció con ella. Para entonces la otra llevaba casi ochenta años fuera del control del Estado mexicano.
El Archivo General de la Nación señala que había sido sustraída y vendida en 1830. A partir de allí su trayectoria se parece menos a la historia administrativa de un documento que a la biografía de un objeto codiciado. Cruzó colecciones privadas y fronteras; llegó a pertenecer a Maximiliano de Habsburgo. Todavía conserva en el reverso un pequeño exlibris asociado al emperador, junto con el sello de la librería madrileña de Gabriel Sánchez.
Es difícil encontrar un objeto más adecuado para contar la accidentada vida política del siglo XIX mexicano. El acta que había declarado la existencia independiente del país pasó por la biblioteca de un emperador fusilado, salió de la órbita del Estado y reapareció en el comercio de libros antiguos.
En algún momento entre 1880 y 1890, Gabriel Sánchez la vendió al historiador y bibliógrafo Joaquín García Icazbalceta. El documento permaneció entre sus descendientes hasta llegar a Luis García Pimentel. En 1947, García Pimentel aceptó diez mil pesos por ella. El comprador fue Florencio Gavito Bustillo, un empresario y bibliófilo mexicano que vivía parte del tiempo en Europa. Sobrevive incluso la carta que certifica la operación: una compraventa privada para una pieza que hoy parece inseparable del patrimonio público.
El regreso
Gavito quería devolver el acta a México, pero murió antes de hacerlo; dejó esa voluntad establecida en su testamento. El 21 de noviembre de 1961, su hijo Florencio Gavito Jáuregui llegó a la oficina del presidente Adolfo López Mateos con el documento. Antes de aceptarlo, especialistas habían examinado el papel, las firmas y su procedencia para establecer que se trataba efectivamente de uno de los dos originales de 1821. Después de una estancia en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, el acta pasó al Archivo General de la Nación; habían transcurrido ciento cuarenta años desde aquella sesión de septiembre.
El viaje dejó marcas materiales. La esquina inferior izquierda presenta una mancha asociada a humedad u oxidación; faltan fragmentos de varios bordes y el reverso conserva rastros de adhesivos y de un soporte anterior. Hoy el documento permanece protegido con materiales libres de ácido y bajo condiciones ambientales controladas en la bóveda de seguridad del AGN.
Esos deterioros permiten mirarlo de otra manera. Las actas fundacionales suelen reproducirse limpias en libros escolares, reducidas a texto: fecha, contenido, firmantes. El original desobedece esa limpieza. Tiene cicatrices, propietarios, sellos ajenos, una desaparición y un regreso tardío.
Una firma antes del país que conocemos
El 28 de septiembre de 1821 nadie podía firmar por el México de 2026. Firmaban por una entidad cuyo territorio, régimen y reparto del poder todavía estaban sujetos a disputa. El Imperio de Iturbide duraría poco; en 1823 caería la monarquía y al año siguiente una Constitución federal daría al país otra arquitectura política. La palabra México permanecería mientras casi todo alrededor de ella cambiaba.
Quizá por eso la frase inicial del acta conserva cierta extrañeza. Habla de una nación que durante trescientos años no había tenido «libre el uso de la voz». Es una formulación política cuidadosamente construida: convierte un territorio colonial heterogéneo en un sujeto capaz de hablar en primera persona. Quienes redactaron y firmaron aquella declaración tenían intereses, proyectos y límites muy concretos; varios de los hombres que habían sostenido la insurgencia durante años ni siquiera estaban entre ellos. Aun así, sobre esa hoja aparece una afirmación destinada a sobrevivir a quienes la escribieron: desde ese momento, decía el documento, la nación se consideraba soberana e independiente.
Doscientos cinco años después, el acta sigue existiendo porque una de sus dos versiones sobrevivió al fuego, al robo, a una colección imperial y al mercado privado. El país que declaró ha cambiado de constituciones, fronteras y formas de gobierno. La hoja, en cambio, termina siempre en el mismo sitio: una serie de firmas oscuras sobre papel marfil.
Antes de los escudos oficiales, antes de las repúblicas y de las constituciones que vendrían después, hubo también ese gesto sencillo y enorme: poner un nombre en una página y firmarlo.
