Un salón vacío conserva señales de quienes estuvieron ahí: una silla movida, un cuaderno olvidado, dibujos pegados en la pared, una fecha escrita en el pizarrón. Después de un ataque, esos objetos adquieren otra escala. El aula deja de ser rutina. Puede convertirse en refugio, en ruina, en edificio clausurado; a veces, simplemente, en un lugar al que nadie sabe cuándo podrá volver.
El 9 de septiembre se conmemora el Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques, establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2020. La fecha llega este año con cifras que empeoran. En 2025, Naciones Unidas verificó 1,680 ataques contra escuelas en todo el mundo, frente a 1,265 durante 2024: un incremento de 33 %. UNESCO calcula, además, que alrededor de 258 millones de niños y adolescentes han visto interrumpida su educación por situaciones de crisis y 93 millones se encuentran completamente fuera de la escuela.
El lema elegido para 2026 plantea una pregunta incómoda: “¿Puede la educación sobrevivir a un ataque?”. La respuesta no depende únicamente de que un edificio permanezca en pie. Depende de que haya docentes, caminos transitables, familias que puedan quedarse en sus comunidades y estudiantes capaces de regresar sin convertir el trayecto a clases en un riesgo.
Las aulas que quedan en medio de la guerra
En Gaza, la dimensión material de la destrucción permite imaginar apenas una parte del problema. Para julio de 2025, 97 % de las escuelas había sufrido algún grado de daño; 518 de las 564 existentes necesitarían reconstrucción completa o reparaciones mayores para volver a funcionar. Una evaluación regional publicada por UNESCO en 2026 situó en más de 637,000 el número de niños fuera de la escuela en la Franja.
Las clases que continúan lo hacen muchas veces fuera del espacio escolar convencional. UNESCO ha habilitado espacios temporales de aprendizaje y alternativas virtuales. En uno de esos sitios retomó sus estudios Ayah Kishko, una estudiante de enfermería desplazada varias veces y que perdió familiares durante la guerra. Su caso muestra algo difícil de incluir en una estadística: volver a estudiar puede significar recuperar unas horas de estructura dentro de una vida gobernada por la incertidumbre.
Sudán ofrece otra medida del daño. Tras tres años de guerra, más de ocho millones de niños permanecían fuera de la escuela en mayo de 2026, con las interrupciones más severas concentradas en Darfur y en los estados de Kordofán afectados por el conflicto. UNICEF logró alcanzar a más de 800,000 niños con programas educativos durante ese mes, en un país donde millones de personas han tenido que abandonar sus hogares.
En Ucrania, la destrucción se acumula edificio por edificio. Al 29 de julio de 2026, UNESCO contabilizaba 4,650 instituciones educativas dañadas o destruidas desde el inicio de la invasión rusa a gran escala: 4,227 con daños y 423 destruidas. En mayo, la organización denunció nuevos ataques que alcanzaron instalaciones educativas y de investigación en las regiones de Kyiv y Luhansk.
Los nombres de los países cambian; también las formas que adopta la guerra. El resultado cotidiano puede parecerse: alumnos dispersos, maestros desplazados, universidades que migran a internet, escuelas utilizadas como refugios y comunidades que pierden uno de los pocos lugares donde la vida mantenía horarios previsibles.
Lo que se pierde cuando una escuela cierra
Una escuela cerrada significa clases suspendidas, pero también desaparecen otras cosas menos visibles en los informes. Para muchos niños es el lugar donde comen, encuentran amigos, reciben atención de adultos fuera de su familia y descubren que el día tiene una secuencia: llegar, sentarse, escuchar, salir al recreo, volver a casa.
La interrupción prolongada modifica esa secuencia. Algunas familias se desplazan y deben inscribir a sus hijos en otra ciudad o en otro país; otras pierden documentos académicos. Hay estudiantes que pasan meses sin clases antes de encontrar una alternativa. Los espacios provisionales y las plataformas digitales pueden sostener una parte del aprendizaje, aunque requieren electricidad, conectividad, maestros disponibles y una seguridad mínima que en muchos escenarios tampoco existe.
En la región árabe, UNESCO estimó este año que 52 millones de niños en edad escolar han experimentado interrupciones directas de su educación, ya sea por cierres, migración abrupta hacia enseñanza remota o reducción severa del acceso a las aulas. El problema rebasa los edificios alcanzados directamente: una escuela intacta también puede dejar de funcionar cuando se encuentra rodeada por una ciudad que ya no permite llegar hasta ella.
México: cuando la violencia también alcanza la escuela
México pertenece a otro contexto y esa diferencia importa. El país no atraviesa una guerra convencional comparable con Sudán, Gaza o Ucrania. La violencia armada y la delincuencia organizada, aun así, entran en la experiencia educativa de miles de niñas, niños y adolescentes.
En marzo de 2026, UNICEF condenó un ataque ocurrido en una escuela de Michoacán en el que murieron dos docentes. El organismo llamó la atención también sobre el acceso de un adolescente a un arma larga de alto poder de fuego y sobre las redes que permiten la circulación de ese tipo de armamento.
Un mes antes, UNICEF había advertido que los episodios vinculados con la delincuencia organizada pueden provocar miedo persistente, estrés tóxico, interrupciones educativas y pérdida temporal del uso seguro del espacio público. Su diagnóstico nacional publicado en mayo encontró, además, que los estados mexicanos con mayores tasas de homicidio presentan menores niveles de asistencia escolar.
Aquí el edificio puede permanecer intacto. El problema aparece cuando una balacera suspende clases, cuando una carretera deja de ser segura, cuando una familia abandona su comunidad o cuando un niño aprende a reconocer sonidos de armas antes que el camino tranquilo hacia la escuela. UNICEF incluye entre las consecuencias de la violencia armada precisamente la imposibilidad de asistir a clases y el desplazamiento de familias que dejan atrás casa, amistades y escuela sin saber cuándo podrán regresar.
México entra así en esta conversación desde sus propias circunstancias. La interrupción educativa adquiere formas distintas, pero termina produciendo una pregunta parecida: cuánto miedo puede rodear a una escuela antes de que estudiar ahí deje de ser una actividad cotidiana.
¿Cómo se protege una escuela antes del ataque?
Durante décadas, buena parte de la respuesta internacional comenzó después de la destrucción: evaluar daños, levantar aulas provisionales, recuperar documentos, encontrar docentes y reconstruir edificios. En abril de 2026, el Consejo Ejecutivo de UNESCO aprobó un Plan Preventivo de Acción para Proteger la Educación de Ataques que intenta desplazar parte del trabajo hacia antes de la crisis. Incluye preparación, continuidad educativa durante emergencias y recuperación posterior integradas en la planificación de los sistemas educativos.
También existen compromisos internacionales como la Declaración sobre Escuelas Seguras y la resolución 2601 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que refuerzan la protección de instituciones educativas frente a los efectos de los conflictos armados. El derecho internacional humanitario reconoce el carácter civil de estos espacios y exige aplicar principios de distinción, proporcionalidad y precaución.
Las normas, sin embargo, conviven con una cifra que volvió a crecer el último año: 1,680 ataques verificados. Mientras los organismos discuten mecanismos de prevención, en algún lugar una clase ocurre bajo una carpa, frente a una pantalla prestada o dentro de un edificio reparado a medias.
Parece ser que ahí se encuentra una parte de la respuesta a la pregunta planteada este 9 de septiembre. La educación sobrevive muchas veces porque alguien vuelve a abrir un cuaderno después del ataque. Lo verdaderamente difícil es conseguir que no tenga que hacerlo entre los restos de su escuela.
