En La Laguna, la tierra valía por el agua que podía conducir hasta ella. Bajo el sol del norte, entre Coahuila y Durango, canales y sistemas de riego habían convertido una región semidesértica en uno de los grandes territorios algodoneros de México. Alrededor del algodón crecieron Torreón y otras poblaciones de la comarca; llegaron capitales, ferrocarriles, empresas extranjeras y propietarios capaces de reunir extensiones enormes bajo un mismo nombre. En 1936 había más de 220 mil hectáreas susceptibles de riego, aunque buena parte de las superficies productivas seguía concentrada en pocas manos: siete grandes propietarios controlaban cerca del 45 por ciento del área de La Laguna. El 6 de octubre de ese año, Lázaro Cárdenas ordenó intervenir ese mapa.
La instrucción presidencial puso en marcha uno de los repartos agrarios más recordados de su gobierno y uno de los episodios que terminaron por fijar la imagen histórica del cardenismo. El INEHRM sitúa en esa fecha el arranque del reparto ejidal de La Laguna; la medida implicó la expropiación de alrededor de tres cuartas partes de las tierras de la comarca y abrió una operación administrativa que, en pocas semanas, habría de desmontar buena parte del sistema de haciendas algodoneras.
Antes del reparto hubo una huelga
La decisión llegó a una comarca que llevaba años discutiendo quién podía trabajar la tierra y bajo qué condiciones. Durante las primeras décadas del siglo XX, La Laguna había conocido levantamientos revolucionarios, intervenciones de haciendas y sucesivos intentos de reorganización agraria; para mediados de los años treinta, los conflictos entre propietarios y trabajadores habían vuelto a tensar la región.
En 1936, los jornaleros agrícolas comenzaron a movilizarse con mayor fuerza alrededor de demandas salariales y de acceso a la tierra. Los paros desembocaron en una huelga que alcanzó a las principales empresas agroindustriales de la zona. El problema que llegó al despacho presidencial, entonces, tenía rostros muy concretos: trabajadores que cosechaban algodón en propiedades ajenas, sindicatos en conflicto con los hacendados y una economía regional cuya productividad dependía de una distribución extremadamente desigual del suelo y del agua.
Aquello colocaba a Cárdenas frente a un terreno que gobiernos anteriores habían tratado con cautela. Las propiedades laguneras formaban parte de una agricultura tecnificada para su época, conectada con mercados nacionales y extranjeros. Entre los grandes intereses de la región estaban la Compañía Agrícola de Tlahualilo y propietarios como Santiago Lavín y Guillermo Purcell; algunas explotaciones reunían decenas de miles de hectáreas y controlaban infraestructura indispensable para producir en una comarca donde cada canal podía alterar el valor de una parcela. Repartir allí significaba intervenir una maquinaria económica en funcionamiento.
Cuarenta y cinco días
Después del decreto, la burocracia agraria se movió con una velocidad poco habitual. El 14 de octubre llegó a Torreón el jefe del Departamento Agrario para coordinar los trabajos; cientos de técnicos e ingenieros debían levantar planos, revisar solicitudes, delimitar propiedades y calcular qué superficies podían afectarse. Tres días después comenzaron las primeras entregas. Una crónica de la época registró el reparto de la hacienda Los Ángeles durante la tarde del 17 de octubre y, esa misma noche, el de Venecia; las posesiones continuaron mientras los equipos recorrían la comarca.
Las cifras cambian según la fuente y según se contabilicen únicamente las superficies irrigadas entregadas a campesinos o el conjunto de tierras afectadas durante el proceso. Un estudio publicado por el INEHRM señala que en 45 días el Departamento Agrario ejecutó 226 posesiones y entregó unas 128 mil hectáreas de riego y pastizal a 34,743 campesinos; investigaciones regionales que incluyen otras superficies del reparto sitúan la extensión total por encima de las 400 mil hectáreas. La disparidad sirve también para recordar la escala y la complejidad de una operación que no consistió en trazar una sola línea sobre un mapa.
Había que decidir qué ocurriría con pozos y canales, maquinaria, cultivos en marcha y créditos. El ejido necesitaba algo más que una parcela para mantener vivo un campo algodonero.
El gobierno recurrió por ello a formas colectivas de organización. El Banco Nacional de Crédito Ejidal intervino para financiar la producción y se establecieron sociedades de crédito entre los nuevos ejidatarios. La apuesta cardenista estaba ligada a una idea específica de reforma agraria: entregar tierra y procurar que los campesinos pudieran trabajarla dentro de unidades productivas capaces de sobrevivir después de la expropiación.
Lo que cambió en La Laguna
Para finales de noviembre, el paisaje jurídico de la comarca era otro. Las grandes haciendas algodoneras habían perdido buena parte de las superficies que las sostenían, miles de trabajadores figuraban ya como ejidatarios y el gobierno había demostrado que la reforma agraria podía alcanzar también a las zonas agrícolas de mayor valor comercial.
La medida provocó resistencias entre propietarios y alimentó una discusión nacional sobre los límites de la propiedad privada, la indemnización y las facultades del Estado. El episodio lagunero ocurrió, además, pocas semanas antes de que el gobierno promulgara la Ley de Expropiación de noviembre de 1936; dos años después, Cárdenas recurriría nuevamente a la figura de la expropiación, esta vez sobre la industria petrolera.
La Laguna quedó así ligada a uno de los periodos de mayor actividad agraria del sexenio. Durante el cardenismo se aceleró el reparto de tierras en distintas partes del país y el ejido adquirió un peso económico y político que conservaría durante buena parte del siglo XX. En la comarca, esa historia permaneció pegada al calendario: durante décadas, el 6 de octubre sería recordado como la fecha del reparto agrario, especialmente en las comunidades surgidas de aquella redistribución. Todavía en 2015, la entrega de certificados parcelarios a ejidatarios de Coahuila y Durango se hizo coincidir con el aniversario de 1936.
Noventa años después
Desde el presente resulta fácil comprimir aquel episodio en una fotografía de Cárdenas rodeado de campesinos o en una cifra de hectáreas repartidas. La historia de La Laguna ofrece una escena bastante más difícil: una economía próspera levantada sobre algodón y agua en medio del desierto, trabajadores que reclamaban mejores condiciones, propietarios que defendían explotaciones construidas durante décadas y un gobierno dispuesto a alterar la estructura de la propiedad a una escala que hasta entonces parecía improbable.
El 6 de octubre de 1936 comenzó la parte administrativa de esa transformación. Después llegaron los agrimensores con sus planos, las resoluciones presidenciales, las sociedades de crédito y los campesinos entrando en propiedades que hasta pocas semanas antes tenían dueño.
En algún momento entre octubre y noviembre, una palabra empezó a sustituir a otra en buena parte de La Laguna. Donde durante décadas se había dicho hacienda, comenzó a decirse ejido.
