Algunos reconocimientos que llegan tarde. El 26 de noviembre de 2025, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que cada 5 de septiembre se conmemorara el Día Internacional de las Mujeres y Niñas Indígenas del Mundo. Este 2026 es, por tanto, la primera vez que la fecha aparece oficialmente en el calendario de la ONU. El organismo calcula que existen alrededor de 185 millones de mujeres indígenas y subraya su papel en la transmisión de lenguas, conocimientos y sistemas de gobernanza, pero acaso lo más revelador de la nueva conmemoración sea precisamente su demora: las mujeres indígenas no comenzaron a defender sus derechos cuando Naciones Unidas decidió nombrarlas.
En América Latina, el 5 de septiembre tiene una historia de más de cuatro décadas. En 1983, el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, celebrado en Tiahuanaco, Bolivia, instituyó la fecha en memoria de Bartolina Sisa, la mujer aymara que junto con Túpac Katari participó en la resistencia contra el dominio colonial y fue ejecutada en La Paz en 1782. La genealogía importa porque recuerda algo que las efemérides suelen borrar: antes de convertirse en una celebración internacional, este día fue una memoria política nacida entre pueblos indígenas.
México permite leer esa historia desde un territorio propio. Según el Censo de 2020, 23.2 millones de personas de tres años y más se reconocían como indígenas; 11.9 millones eran mujeres; si se toma como referencia la lengua, 7.36 millones de personas hablaban alguna lengua indígena y 3.78 millones de ellas eran mujeres. Son cifras que desmienten cualquier tentación de hablar de lo indígena como un vestigio: no estamos frente a una supervivencia del pasado, sino ante una parte viva y numerosa del país.
La trampa de la guardiana
Hay una forma aparentemente elogiosa de reducir a una mujer indígena: llamarla guardiana. Guardiana de la lengua, de la cocina, del bordado, de la medicina tradicional, de la memoria familiar. Muchas mujeres, en efecto, han hecho posible que conocimientos y lenguas sobrevivan a siglos de desplazamiento y discriminación. El problema comienza cuando el reconocimiento termina ahí, como si su valor dependiera de conservar intacto lo recibido.
Una cultura viva no funciona como una vitrina, cambia porque quienes la habitan discuten sus reglas, incorporan otras experiencias, desechan algunas prácticas y defienden otras. Por eso hablar de los derechos de las mujeres indígenas exige sostener dos ideas a la vez: los pueblos tienen derecho a preservar sus formas de organización y sus identidades frente a un Estado que durante buena parte de su historia intentó asimilarlos; las mujeres que pertenecen a esos pueblos tienen, al mismo tiempo, derecho a intervenir en aquello que su comunidad entiende por tradición.
Ese equilibrio es incómodo porque impide dos simplificaciones: la primera es romantizar a las comunidades indígenas como espacios naturalmente armónicos donde toda costumbre debe permanecer intacta; la segunda es contemplarlas desde fuera como sociedades que necesitan ser corregidas por una modernidad supuestamente superior. Entre ambas queda una pregunta más difícil: ¿cómo garantizar derechos sin convertir la autonomía indígena en una pieza decorativa, y cómo defender esa autonomía sin utilizarla para justificar desigualdades?
Una mujer frente a la asamblea
Pocas historias mexicanas han expuesto ese conflicto con tanta claridad como la de Eufrosina Cruz Mendoza. En 2007 intentó competir por la presidencia municipal de Santa María Quiegolani, en la Sierra Sur de Oaxaca. Su participación fue rechazada en el sistema comunitario bajo el argumento de que las mujeres no podían ejercer la autoridad municipal. El episodio trascendió la comunidad y se convirtió en un caso nacional sobre los límites que pueden aparecer cuando los sistemas normativos internos chocan con los derechos políticos de las mujeres.
Lo interesante de Eufrosina Cruz no es convertirla en la excepción que “escapó” de su comunidad, esa narración sería demasiado cómoda y, en el fondo, profundamente paternalista. Su trayectoria resulta más fértil cuando se entiende como una discusión desde dentro: una mujer indígena que reclamó simultáneamente su pertenencia y su condición de ciudadana. Años después llegó al Congreso de Oaxaca y a la Cámara de Diputados, desde donde insistió en que las mujeres indígenas debían poder votar, ser votadas y ejercer cargos públicos en condiciones de igualdad.
Su historia permite formular el corazón del problema sin necesidad de resolverlo con consignas: pertenecer no puede significar obedecer en silencio. Una comunidad tiene derecho a reconocerse en sus propias instituciones, pero ninguna identidad colectiva debería requerir que una parte de sus integrantes entregue a cambio su voz política.
Esa discusión acabó inscrita, con el tiempo, en el texto constitucional. La reforma al artículo 2 publicada en septiembre de 2024 reconoce expresamente el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar de manera efectiva y en condiciones de igualdad sustantiva en el desarrollo de sus pueblos y comunidades y en la toma de decisiones públicas; también menciona derechos relacionados con educación, salud, propiedad y posesión de la tierra. La Constitución, al menos en el papel, ya reconoce que autonomía comunitaria e igualdad de las mujeres deben coexistir.
Una lengua para nombrar los derechos
Pero entre una Constitución y una vida cotidiana hay una distancia enorme, un derecho que una mujer desconoce, que no puede reclamar ante una autoridad cercana o que solo existe en una lengua que no domina plenamente corre el riesgo de convertirse en una promesa administrativa.
Este año esa distancia produjo una escena significativa; en marzo, la Secretaría de las Mujeres y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas presentaron la Cartilla de Derechos de las Mujeres traducida a 69 variantes correspondientes a 67 lenguas indígenas y acordaron difundirla mediante las 23 emisoras del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas. En agosto comenzó también la distribución física de versiones en lenguas originarias durante asambleas regionales. Hay algo poderoso en la imagen: después de décadas en las que hablar una lengua indígena podía convertirse en motivo de discriminación, el Estado necesita ahora recurrir a esas mismas lenguas para explicar qué derechos reconoce.
No debería confundirse, por supuesto, traducción con justicia; una cartilla no modifica por sí misma la violencia, la precariedad económica, las dificultades de acceso a salud o educación ni las barreras que siguen encontrando muchas mujeres ante los sistemas de justicia. Naciones Unidas advierte que las mujeres y niñas indígenas padecen de manera desproporcionada pobreza, falta de acceso a territorios y recursos, servicios sanitarios deficientes, violencia de género y exclusión de espacios de decisión. México no queda fuera de esas tensiones: la ENDIREH 2021, por ejemplo, encontró que las mujeres que hablaban una lengua indígena reportaban una prevalencia de violencia durante la infancia mayor que quienes no la hablaban.
Por eso importa que el nombre de esta nueva conmemoración de Naciones Unidas incluya también a las niñas; la desigualdad política que vemos en una mujer adulta tiene historias anteriores: empieza en quién puede continuar estudiando, quién entiende que su lengua es motivo de orgullo y no de vergüenza, quién conoce sus derechos, quién puede imaginarse frente a una asamblea y no únicamente detrás de ella.
Pertenecer sin pedir permiso
Durante mucho tiempo, México aprendió a celebrar lo indígena de una manera particularmente cómoda: admiró textiles y lenguas, convirtió danzas en símbolos nacionales, llenó museos de objetos producidos por pueblos a los que en el presente seguía negando condiciones de igualdad. Con las mujeres, esa contradicción puede ser todavía más visible: se elogia su capacidad para conservar una cultura mientras se escucha menos lo que quieren transformar de ella.
El 5 de septiembre puede servir para otra cosa. No para agradecerles que mantengan intacto un mundo que los demás desean contemplar, sino para reconocerlas como autoras de ese mundo. Una lengua también pertenece a quien decide qué decir con ella, una tradición pertenece igualmente a quien la continúa y a quien la discute, una comunidad no se debilita necesariamente cuando una mujer cuestiona una regla; a veces demuestra que está lo bastante viva para cambiar.
Bartolina Sisa murió en 1782 sin conocer una fecha que llevaría su memoria. Eufrosina Cruz tuvo que disputar, más de dos siglos después, el derecho a ser considerada candidata en su propio municipio. Entre ambas historias hay enormes distancias históricas y políticas, pero también una pregunta persistente que México todavía está aprendiendo a responder: si una mujer pertenece a una comunidad: ¿quién tiene derecho a decidir qué significa esa pertenencia? La respuesta debería parecer sencilla… ella también tiene derecho a decidirlo.
