La iniciativa para reformar la Ley de Hidrocarburos causa incertidumbre para la inversión y genera conflictos, alertó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“Consideramos que de aprobarse en los términos planteados, generaría inaplicabilidad, conflicto de preceptos jurídicos y violaciones graves a la Constitución”, agregó el organismo en un comunicado.
Según la Coparmex, se debe “fortalecer al sector energético, pero creemos que solo será posible con el esfuerzo conjunto del Gobierno y el sector privado”.
La patronal consideró que la iniciativa privada “puede contribuir con experiencia y mejores prácticas internacionales”, impulsando el sector energético y cumpliendo con el Estado de Derecho.
“Consideramos que estos lineamientos y objetivos también constituyen variables que impactarán positivamente en las empresas productivas del estado”, subrayó.
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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió el 26 de marzo a la Cámara de Diputados una iniciativa, con proyecto de decreto, para reformar y adicionar diversas disposiciones a la vigente Ley de Hidrocarburos.
La iniciativa tiene como eje central devolver a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) el control de precios y llevar a cabo cambios en la transportación, distribución, comercialización, venta y almacenamiento de combustibles.
Es considerada por expertos como una contrarreforma a la iniciativa de 2013 que abrió el sector petrolero a la iniciativa privada tras décadas de monopolio estatal.
“El proceso de reforma a la Ley de Hidrocarburos impulsada por el Ejecutivo Federal debe estar abierto tanto a la sociedad como a la opinión de expertos y debe ser precisa para evitar generar incertidumbre innecesaria en el sector”, indicó Coparmex.
Y advirtió riesgos como “vulneración del Estado de Derecho por disposiciones discrecionales”, así como “posibles prácticas anticompetitivas” y el favorecimiento a Pemex “a costa de mayores precios o combustibles de menor calidad”.
Además, la Coparmex advirtió que la suspensión de actividades a empresas privadas que hayan sido sancionadas y su otorgamiento de estas instalaciones a Pemex “genera preocupaciones entre los inversionistas así como cuestionamientos sobre el Estado de Derecho, el respeto a las inversiones realizadas y los límites a la propiedad privada”.
“Insistimos en que la propuesta de reforma a la Ley de Hidrocarburos debe precisarse, de lo contrario generará incertidumbre en el sector”, concluyó.
López Obrador tiene un frente abierto contra las empresas privadas, especialmente extranjeras, del sector energético, a las que acusa de haber saqueado el país y puesto las empresas estatales al borde de la quiebra.
Al igual que la suspendida Ley de la Industria Eléctrica que da prioridad la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de los privados, la iniciativa para reformar Ley de Hidrocarburos señala que la participación del sector privado pone en riesgo la seguridad y economía del país.
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