El gobierno federal ha puesto bajo la lupa los permisos de autoabasto en el sector eléctrico, pues algunos han sido ocupados de manera ilegal creando un mercado paralelo.
El mes pasado, se anunció que esta administración, en principio, al menos va por la desaparición de 110 permisos, ante esto el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió de una serie de consecuencias.
De acuerdo con una investigación del IMCO, el adelantar la caducidad de los permisos atentaría contra el Estado de derecho y la certidumbre jurídica al vulnerar las condiciones bajo las cuales las empresas y entidades públicas invirtieron en la construcción de centrales de generación e infraestructura de transmisión.
También inhibiría la capacidad de México para atraer inversión nacional y extranjera en el sector eléctrico y en otros sectores económicos; incrementaría de forma innecesaria los costos de producción de las empresas que consumen electricidad bajo este esquema y obstaculizaría el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el país en el Acuerdo de París al reducir la participación de energías renovables en la matriz de generación eléctrica.
El centro de investigación apuntó que esta figura desde 1994 permitió que un total de 468 permisionarios, -de los cuales 347 tienen permisos vigentes-, generaran electricidad en sus propias plantas y no tuvieran que depender del suministro de la Comisión Federal de Electricidad para esa actividad.
“Desde entonces –y hasta 2019– 430 permisionarios del sector privado y 38 permisionarios del sector público (p. ej. dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y gobiernos locales) invirtieron 26.8 mil millones de dólares corrientes en la construcción de centrales eléctricas que operan bajo esta modalidad”, detalló el IMCO.
Además, el autoabasto fue el principal mecanismo de integración de energías renovables en México antes de 2016, año en el que iniciaron las subastas de energía eléctrica de largo plazo derivado de la reforma eléctrica del sexenio pasado.
“Se estima que la totalidad de las centrales de autoabasto dejarán de operar bajo esta modalidad hacia 2039, de conformidad con la legislación vigente. No obstante, el Gobierno Federal ha intentado limitar los alcances de esta figura e incluso revocar los permisos de forma anticipada como dan cuenta distintas resoluciones de la CRE aprobadas en mayo y octubre de 2020, la reforma a la LIE (Ley de la Industria Eléctrica) aprobada en marzo de 2021 y la iniciativa constitucional de Reforma Energética desechada en abril de 2022”, explicó.
La CFE ha anunciado que quiere recuperar a más de 400 empresas que son clientes de privadas bajo esta figura de autoabasto, pero el IMCO resaltó que el desaparecer este esquema no significaría una mayor base de clientes.
“Eliminar el autoabasto sin modificar el resto de la legislación vigente no implicaría necesariamente una mayor base de clientes para la CFE, al no ser la única empresa que provee servicios de suministro de energía eléctrica a precios competitivos”, consideró.
Pues si bien la Comisión mantiene actualmente alrededor de 55% de participación en el mercado de los grandes consumidores de energía del país (con una demanda mayor a 1 Megavatios), la mitad restante corresponde a 54 suministradores de servicios calificados, contra quienes tendría que competir en términos de calidad y precio para atraer a las empresas que actualmente se autoabastecen de energía eléctrica, refiere la investigación.
Fuente: forbes
