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Nuevos amparos ensombrecen el Tren Maya, pero AMLO los reta

Las obras enfrentan un nuevo obstáculo con la suspensión definitiva en 3 tramos por amparos de medioambientalistas.

Hasta octubre de 2021, las obras del Tren Maya, que correrá en cinco estados del sur del país, habían enfrentado 25 amparos en contra de su construcción, los cuales de acuerdo con información del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) han representado, junto con otros problemas logísticos y administrativos, un retraso en su edificación de al menos 7 meses.

Estos problemas derivaron en la salida de Rogelio Jiménez Pons del Fonatur y la llegada de Javier May, un brazo político del primer circulo del presidente de la República, con la encomienda de terminar la obra antes del sexenio.

No obstante, con la premisa de que tiene que estar en funcionamiento hacia finales del año próximo, el Tren Maya, otra de las obras insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, enfrenta un nueva complicación, pues un tribunal federal ordenó detener la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y las obras de los tramos 1, 2 y 3 de este ferrocarril.

La Semarnat había autorizado al Fonatur a través de la MIA modificar el uso de suelo de 800 hectáreas de selva en 635 kilómetros a través de los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco y Yucatán.

Dichos tramos, que corren de Palenque, en Chiapas, hasta Izamal, en Yucatán, están a cargo de Mota-Engil México, junto con China Communications Construction Company, Grupo Cosh, V Eyasa y Gavil Ingeniería; así como de Operadora CICSA, con FCC Construcción; Construcciones Urales, con GAMI Ingeniería e Instalaciones y AZVI.

El pasado enero de 2021, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal presentó un amparo por lo que consideró como violaciones por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Fonatur al derecho al medio ambiente sano e información y participación sobre las implicaciones territoriales que tendría la construcción del Tren Maya en sus comunidades.

El pasado 9 de marzo de 2022, el Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito determinó la suspensión definitiva de la MIA y las obras de edificación del tren, tras una impugnación por parte de la Semarnat y la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA).

El Poder Judicial consideró necesario aplicar el principio precautorio o indubio pro natura, al advertir que existe una incertidumbre sobre el verdadero impacto del proyecto y por tanto se debe beneficiar la defensa del medio ambiente y su trascendencia en futuras generaciones.

“Debe entonces inclinarse la balanza de la justicia a favor de la naturaleza, especialmente al considerar, que su impacto tiene el potencial de trascender a las postreras generaciones y no sólo a quienes habitan en la zona, sino incluso a todo el mundo en atención a la interdependencia de los sistemas ecológicos mundiales”, expuso el tribunal en la sentencia.

“En ese sentido, los efectos de la suspensión resultan claros, en cuanto a la precisión de cuáles son las consecuencias del acto reclamado que debían suspenderse, siendo estos el cese o paralización de los trabajos que se autorizaron con motivo del oficio de manifestación de impacto ambiental, que implicara deforestación o puesta en riesgo de especies animales y vegetales autóctonas de los territorios del Estado; de ahí la necesidad de que la responsable ordene al titular de la autorización el cese de sus trabajos”, ordenó.

Cuando aún estaba al frente de las obras del Tren Maya, Rogelio Jiménez Pons, advirtió, en su comparecencia en el Senado, como parte del análisis del Tercer Informe de Gobierno, que la mayoría de los amparos en contra de esta obra fueron interpuestos por 327 personas, 49 de ellas personas físicas y morales que repitieron denuncias, además de a seis organizaciones sociales detrás.

“Evidentemente la parte contraria intenta parar el proyecto, pero todo esto es válido en la democracia”, sostuvo en aquella ocasión.

Pese a esta orden, activistas del medio ambiente han denunciado que la autoridad federal no ha acatado la sentencia y que las obras del Tren Maya siguen su curso al tiempo que cuestionaron la actitud del mandatario federal quien sostuvo que las obras no se detendrían.

El mandatario federal señaló que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que resuelva en definitiva los últimos amparos presentados contra el Tren Maya, pero advirtió que la construcción continuará conforme a lo planteado.

“Esto evidencia una tendencia autoritaria que viola la separación de Poderes y quebranta el Estado de derecho. Las descalificaciones permanentes que el titular del Ejecutivo federal ha hecho hacia quienes de manera legítima se oponen a este proyecto”, acusó la Asamblea.

El tabasqueño ha reiterado que en toda la construcción del Tren Maya, únicamente serán afectadas 100 hectáreas de selva, lo cual será combatido con la reforestación de 200 mil hectáreas.

“No es selva, a cambio de eso, sí nos interesa proteger la naturaleza, estamos sembrando 200 mil hectáreas de árboles en toda la ruta del Tren Maya. Se están constituyendo tres parques naturales, 18 mil hectáreas para la flora y la fauna, se va crear el parque de Tulum, que va integrar mil hectáreas, incluso va ser un parque para la protección del jaguar y 2 mil 200 hectáreas que se van a constituir en parque natural en Uxmal, muy cerca de la zona arqueológica”, indicó López Obrador.

El proyecto pretende conectar cinco estados del sur del país, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, a lo largo de 1,500 kilómetros de vías férreas.

El Fonatur ha enfatizado que para la edificación de este proyecto, se estableció como eje social la Consulta Indígena, para la cual se realizaron 75 asambleas regionales, con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios Para Proyectos (UNOPS), de ONU-Habitat, y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 

Expuso que a partir de la consulta, se crearon enlaces con todas las comunidades que han cambiado el paradigma de inclusión, pues se trata de un diálogo permanente.

“(Las obras) representan una violación a la defensa de los derechos humanos, poniendo a quienes viven en las comunidades indígenas afectadas en riesgo, dado el contexto de alta vulnerabilidad en que se encuentran las y los defensores de los derechos territoriales y ambientales de México”, reviró la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal.

Este año, la construcción del Tren Maya tiene un presupuesto de 62 mil 942 millones de pesos.

Fuente: forbes

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