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¿Filtraron tus ‘nudes’? Así puedes pedir que se aplique la Ley Olimpia

La filtración de contenido íntimo sexual en internet se conoce como violencia digital y es castigada con el conjunto de reformas legislativas conocidas como la Ley Olimpia.

La filtración de contenido íntimo sexual en internet se conoce como violencia digital y es castigada con el conjunto de reformas legislativas conocidas como la Ley Olimpia.

¿Una expareja, amigo o conocido filtró tus fotos íntimas? Lo primero que debes recordar es que no estás sola y que de acuerdo con el orden jurídico del Gobierno mexicano, esta acción forma parte de la violencia digital, la cual se castiga con penas que van desde los 3 hasta los 6 años de prisión y una multa de 500 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quien cometa este delito.

“La violencia digital es el conjunto de acciones en las que se expongan, difundan o reproduzcan imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, a través de medios tecnológicos y que por su naturaleza atentan contra la integridad, la dignidad y la vida privada de las mujeres causando daño psicológico, económico o sexual tanto en el ámbito privado como en el público, además de daño moral, tanto a ellas como a sus familias”, remarca la ley.

Pero esto no siempre fue así, el parteaguas fue la activista Olimpia Coral Melo, quien en marzo de 2014 presentó una iniciativa al Palacio Municipal de Puebla para modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, luego de que su expareja difundiera un video íntimo sin su consentimiento. Fue hasta 2020 que se aprobó el dictamen en el Congreso de la Unión y se reconoció el concepto jurídico de Violencia digital.

De igual forma en ese año se impulsaron reformas a los códigos penales de distintos estados que fueron nombradas como Ley Olimpia, misma que en el caso de la Ciudad de México entró en vigor el 22 de enero de 2020.

Pese a todo, aún se sigue violentando a las mujeres.

Recientemente salió a la luz el grupo de Telegram “Zorritas de la UAM (Universidad Anáhuac Mayab)”, dedicado a compartir fotos, video e información íntima de mujeres estudiantes de la Universidad Anáhuac Mayab.

Sin embargo, los más de 1,200 miembros del grupo no pertenecen solamente a esta institución, sino que provienen también de otras universidades de Yucatán, tales como la Universidad Marista y la Universidad Autónoma de Yucatán.

La feminista y activista Jessica Fernández García fue quien publicó un video a través de su cuenta de Instagram, donde denunció públicamente la existencia del grupo que, según las capturas de pantalla que ella misma agregó, alberga más de 3,000 fotos íntimas, así como aproximadamente de 500 videos de las novias, exnovias, amigas o compañeras de clase de los hombres que forman parte.

Jirehl Díaz, abogada perteneciente a la Red de Abogadas Feministas de México (REDAFEM), explicó en entrevista para Forbes Women que las mujeres que sufren o sufrieron de violencia digital tienen tres alternativas para denunciar.

La primera es acudir personalmente a la Fiscalía General de Justicia de su entidad para presentar su declaración frente a Ministerio Público, lugar donde se realizará una comparecencia y las denunciantes pasarán al área psicológica para realizar una valoración y determinar si estas necesitan algún tratamiento.

“Puedes pedir que se reserven tus datos, regularmente eso es lo que yo aconsejo a las víctimas que hagan, pues de esta forma no se incluirán datos que permitan identificarlas”, aconseja Díaz.

La segunda forma es elaborando un escrito dirigido a la procuraduría o fiscalía local; en este escrito deberás narrar el delito, proporcionar tu nombre y un domicilio o número telefónico donde se te pueda contactar, para posteriormente presentarlo a la oficialía de partes de la institución, donde se te entregará un número de folio con el que podrás rastrear la denuncia, ver el número de investigación que se le otorgó a tu caso y las personas que estarán trabajando en él.

La tercera opción es realizarla a través de la página web de la Fiscalía General de Justicia de tu entidad, donde igualmente se otorga un folio para rastrear tu investigación.

Después de presentar la denuncia, la víctima puede contratar a un abogado privado o también tiene derecho a pedir representación legal del Estado de forma gratuita, a estas segundas figuras se les conoce como asesores legales y trabajan con varios casos a la vez.

“Desde mi punto de vista lo mejor para las víctimas es hacer la denuncia de manera escrita y acompañarte en todo momento de tu abogada. Acudir a las instituciones no es tan agradable ya que puedes tardar en ser atendida de entre 3 a 5 horas, porque siempre tienen mucho trabajo”, indica Díaz.

De igual forma, puedes asesorarte en REDAFEM; es una red que está presente en 15 estados donde puedes hablar para pedir asesoría jurídica a precios justos, sin embargo, para las víctimas que requieren ayuda inmediata la asesoría es gratuita. 

En esta se les explica a las víctimas su panorama legal y cuáles son sus opciones, posteriormente las mujeres pueden escoger si obtener la representación de alguna de las abogadas de la red o de no poder pagarlo, las podrían en contacto con alguna otra asociación que trabaje con perspectiva de género y que brinde servicios gratuitos.

La especialista asegura que lo recomendable para evitar la revictimización de las mujeres que van a presentar su denuncia es que estas sean tratadas con perspectiva de género y evitar que cuenten los hechos de manera repetida.

“Yo sé que no todo mundo puede pagar un acompañamiento legal privado, sin embargo, sí es una ventaja muy grande tener un o una representante que monitoree el caso para que las víctimas se puedan presentar en las fiscalías el menor número de veces posibles.”

Cualquiera tres formas de presentar la denuncia, lo que prosigue la investigación del Ministerio Público, en conjunto con la policía de cibernética para rastrear los probables medios de prueba y poder llevarlas a juicio.

¿Cómo se castiga la violencia digital?

El Código Penal de cada estado tiene artículos que especifican las consecuencias de la violencia digital. En el caso del grupo “Zorritas de la UAM“, los participantes se podrían a merced del Artículo 243 del Código Penal de Yucatán, el cual pertenece al artículo quinto que se dedica a sancionar los delitos contra la imagen personal.

En el Bis 3, se decreta que quien obtenga contenido íntimo de tipo sexual de una persona y lo difunda sin su consentimiento a través de internet será sancionado con de 1 a 5 años de prisión y una multa de 200 a las 500 Unidades de Medida y Actualización. La cual en 2022 asciende a 96.22 pesos por día.

Por otro lado, en el Bis 4 del mismo artículo, se agregan que las personas que obtienen un contenido íntimo de tipo sexual y amenazan con difundirlo o publicarlo a través de internet. En estos casos los encontrados culpables se estarían enfrentando a un periodo en prisión que podría ir de los 6 meses a los 4 años, además de una multa que va de las 100 a 400 UMAs.

En un comunicado emitido por la Universidad Anáhuac Mayab, la institución asegura estar trabajando con las autoridades estatales y la policía cibernética para ubicar a los responsables, y en caso de ser alumnos aplicarles las sanciones correspondientes, como la expulsión definitiva.

Por su lado, los hombres de este grupo aseguraron no estar preocupados porque les cierren el grupo de Telegram, pues existen otros donde pueden encontrar el mismo contenido. Tampoco les preocupan las repercusiones legales que podrían tener si se hace válida la Ley Olimpia:

“En México no sirve la policía cibernética, es puro mito y propaganda. Y hasta crees que mi viejito cabeza de algodón pone dinero para defender a las afectadas jajaja”, se burla el usuario Neriwish Bot, según se puede leer en las capturas de pantalla que muestra el video de Jessica Fernández.

En el caso de las mujeres de las cuales se difundió contenido íntimo en el grupo de Telegram, la experta aconseja que realicen denuncias individuales ante las autoridades del estado de Yucatán, además de la que ya se realizó ante la Universidad Anáhuac Mayab.

“Yo sé que enfrentar un proceso legal puede resultar revictimizante para las mujeres que sufrieron de violencia digital, pero sin duda su testimonio es muy importante para que las autoridades realicen una mejor investigación. Pero, además, las víctimas tienen derecho a la reparación del daño a través del proceso penal, porque para eso están los tribunales”, afirmó la abogada.

Para Díaz, una parte indispensable en los procesos legales es que se intente llegar a una reparación del daño que la víctima considere oportuna. “La reparación del daño no siempre tiene que ser en un sentido económico, también puede ser que te ofrezcan una disculpa pública o que el agresor tome terapias psicológicas con enfoque de género”, finalizó la experta.

En caso de que filtren tus nudes o fotos y videos íntimos sin tu consentimiento recuerda que no estás sola y que tu denuncia hace la diferencia en una cultura y legislatura que siempre ha protegido a los hombres.

Fuente: forbes

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