El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) aseguró que las empresas aportan casi tres cuartas partes del total de la recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que no se puede decir que las compañías no pagan impuestos.
“Las empresas grandes representan el 0.02% del total de contribuyentes, así como aportan el 50% de la recaudación y el total de empresas generan casi tres cuartas partes”, explicó el organismo fundado en 1963 ante la necesidad del sector empresarial de contar con una institución que elaborara el análisis e investigación de la coyuntura económica.
“Al incluir al universo restante de empresas que suma 2.3 millones de unidades, las empresas contribuyentes generan casi tres cuartas partes del total de la recaudación tributaria”, señaló.
Según el órgano asesor en materia económica del Consejo Coordinador Empresarial y de empresas de primer nivel en México, las cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT) contradicen las aseveraciones que a menudo se hacen a la ligera acerca de que en México las compañías no pagan impuestos.
En los primeros tres años de este gobierno, la recaudación por auditorías a grandes contribuyentes sumó 541 mil millones de pesos, monto que representa el 86% del total recaudado por este concepto en todo el sexenio pasado.
En 2021, los resultados del SAT muestran que las medidas de eficiencia recaudatoria generaron 133 mil millones de pesos, mientras que la fiscalización en contra de la evasión y elusión fiscal generó 391 mil millones de pesos, agregó el centro de investigación económica y política.
Desde 2019, las finanzas públicas se han apoyado en buena medida en ingresos no recurrentes, especialmente usando los recursos de diversos fondos como el de estabilización de los ingresos petroleros (FEIP) y el fondo de desastres naturales, de la reserva para gastos catastróficos de Salud, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y de la extinción de 109 fideicomisos.
“Con el agotamiento de estas fuentes y la necesidad creciente de recursos, el sector público ha buscado el equilibrio de sus finanzas mediante mayor eficiencia recaudatoria y acciones de fiscalización que en algunos casos incluyeron medidas intimidatorias, en ocasiones desproporcionadas, según evidencia anecdótica”, recordó el CEESP.
La debilidad de los ingresos públicos asociada a la dependencia de fuentes no recurrentes anticipada en los Precriterios 2023 es la razón, por la que el Servicio de Administración Tributaria haya anunciado el Plan Maestro 2022 de Grandes Contribuyentes, que se definen como aquellas empresas que declaran ingresos por más de mil 500 millones de pesos al año.
El plan tiene el objetivo de incrementar la recaudación de los grandes contribuyentes mediante la mejora del proceso de fiscalización, en un entorno de legalidad y seguridad jurídica frente al contribuyente, dijo el CEESP.
Recordó que las acciones de fiscalización que estimulan el cumplimiento de las obligaciones fiscales son generalmente deseables, pero no deben concentrarse en un grupo específico de contribuyentes. “Además, se tienen que evitar procesos basados en arbitrariedad o intimidatorios al extremo de disuadir inversiones futuras”.
El organismo dependiente del CCE explicó que hay información de que la combinación de reformas promovidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador —y aprobadas con la mayoría de sus fracciones partidistas simpatizantes— han hecho posible que la autoridad actúe en forma intimidatoria para las empresas, relacionando la sospecha de defraudación fiscal con prisión de oficio e incluso extinción de dominio.
“Ello obligaría a los contribuyentes y a las empresas a la regularización fiscal en casos de inconformidad. En la medida de que ello haya sucedido, el efecto sobre la inversión a futuro será dañino”.
La política recaudatoria debe ser generalizada y equitativa, porque su concentración en un universo específico de contribuyentes, en este caso las grandes empresas, resultará contraproducente, añadió.
“Para que la política recaudatoria sea equitativa todo contribuyente debe tener incentivos para contribuir de preferencia sin necesidad de llegar a auditorías o aplicación de medidas coercitivas, aunque desde luego bajó la posibilidad de que las haya”, concluyó el CEESP.
Fuente: forbes