La cancelación (eliminación) del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), estuvo siempre plagada de mentiras y argumentos mañosos.
La realidad es que en general los organismos autónomos y en particular el INAI, nuca le gustaron a López Obrador, su argumento tuvo dos vertientes:
Argumento uno: Era muy caro para lo que hacía. La pregunta que nadie hizo era ¿Caro con respecto a qué? De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) el costo por persona por actos de corrupción es de $3,100.00 pesos, es decir lo que a usted y a mi le cuesta un acto de corrupción en cualquier trámite secretaría o evento que, según la actual administración ya no suceden y fueron “corregidos obteniendo ahorros” con el arribo de la “cuarta transformación” (4T) esto es algo así como 320,000 mdp al año. casi 15 puntos del PIB.
En el comparativo una vez que la 4T le recortó el presupuesto al INAI, en 2022 al Instituto representó solamente 0.01% del gasto total del gobierno o, dicho de otra manera, el INAI le cuesta a los contribuyentes en México $7.79 pesos anuales; (algo así como 65 centavos mensuales a cada mexicano) en ese mismo año el presupuesto de egresos de la federación asignado al Poder Judicial fue del 56.14%, al INEGI 15.03% a la Fiscalía General de la República 13.68%, al Poder Legislativo 11.43% y al INAI el 0.75% por debajo de lo asignado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Caro con respecto a qué? En ese año, además, los sueldos de comisionados habían tenido una disminución con base en las medidas de austeridad del 30.6% en términos reales.
Desde mi punto de vista y como economista, pienso que la estrategia debió haber sido; aumentar la efectividad y productividad del Instituto, me explico:
En la ley, hasta antes de la nueva emisión publicada éste fin de semana, el Artículo 65 habla de cómo se calcularán las sanciones, dice:
“El Instituto fundará y motivará sus resoluciones, considerando:
I. La naturaleza del dato;
II. La notoria improcedencia de la negativa del responsable, para realizar los actos solicitados por el titular, en términos de esta Ley;
III. El carácter intencional o no, de la acción u omisión constitutiva de la infracción;
IV. La capacidad económica del responsable, y
V. La reincidencia.”
Dentro de los criterios para imponer sanciones destaca la fracción IV. “La capacidad económica del responsable…”, esto se tradujo, por años, en la revisión financiera de la empresa y el encargado del cobro de la sanción era nada más y nada menos que al Sistema de Administración Tributaria.
Ciertamente el INAI recaudaba muy poco por sanciones y multas, pero esto se debía a que buscaban la reconciliación, atención a los titulares y alineación a la ley de los responsables. En 2023 recaudaron por sanciones casi 900 mdp y en 2022 800 mdp.
Pero si estaría de acuerdo en que, en éste momento se requiere un organismo más agresivo en el cumplimiento, con el arribo de nuevas tecnologías y sobre todo de la Inteligencia Artificial
Por lo anterior, si para alguien le parecía que el Instituto era caro, bastaba aumentar su productividad y eficiencia; en mi experiencia cerca del 97% de los agentes económicos en México, desconocen la Ley, su aplicación, sus obligaciones y deberes; es decir la ignorancia de López Obrador y luego de Claudia Sheinbaum, con respecto a lo que dice la Ley, les impidió tomar una decisión más inteligente, enfocada y que no echara por tierra el reconocimiento internacional y prestigio de una institución que nos costó a todos edificar.
¿Qué por qué digo que nos costó a todos? por el segundo argumento:
Argumento dos: El INAI es un organismos neoliberal y conservador. Sea lo que sea, que signifique un “organismo neoliberal”, más allá de las ideologías, debemos pensar en el contexto general.
El INAI nació por movimiento sociales de Izquierda en el 2002 el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) que surge como respuesta la lucha de años de la sociedad civil, pero en específico de grupos de izquierda que exigían al Gobierno -PRIísta- cuentas por desaparecidos, espionaje, etc. su antecedente y efecto de esta presión más directo es que en 1977 el derecho a la información se reconoció en la Constitución mediante una reforma a su a Artículo 6° que incluyó la frase final: “el derecho a la información será garantizado por el Estado” con especial dedicatoria a la forma de actuar de las fuerzas armadas.
Fue Vicente Fox (otro personaje que no gustaba al presidente del sexenio pasado) y Alianza cívica quienes presionaron al Gobierno de Ernesto Zedillo a conocer su sueldo y cuando Fox tomó la presidencia surgió el IFAI, porque fue promesa de campaña.
En aquel 2001, cuando el Grupo Oaxaca, un movimiento conformado por académicos y activistas por la libertad de expresión, comenzó su lucha por “el derecho al saber”. Este grupo diseñó un “decálogo de acciones” que posteriormente pasaría a ser parte de la redacción y negociación del anteproyecto en San Lázaro de lo que más tarde sería la Ley Federal de Transparencia.
Muchas personas críticas del gobierno y sobre todo de la verdadera izquierda como Alejandro Encinas, Ernesto Villanueva, Jorge Islas e Issa Luna Pla académicos de la UNAM; Salvador Nava, de la Universidad Anáhuac; Juan Francisco Escobedo, de la Universidad Iberoamericana y los periodistas Roberto Rock y Jenaro Villamil (?), todos ellos dentro del Grupo Oaxaca; estuvieron también Fundar, Artículo 19, Equipo Pueblo, Colectivo por la transparencia o la Red por rendición de cuentas (que integra a más de 60 instituciones académicas, sociales y gubernamentales) dieron la lucha por conocer la información del Gobierno y desarrollar la transparencia, porque vieron en ello un paso contundente hacia la democratización del quehacer de los políticos. Eran los tiempos del contubernio de élites a quien le venía bien la opacidad. La Ley Federal de Transparencia, fue calificada como de las mejores del mundo aglutinando a Senadores y organizaciones sociales.
En el 2010 surge la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) y es el IFAI quien se convierte en organismo garante de dicha Ley.
En 2015 surge la Ley Federal de Acceso a la Información Pública y es cuando camia de nombre a lo que hoy conocemos como INAI.
No, el INAI no fue producto ni de los neoliberales ni de conservadores, sino una respuesta a las demandas sociales de personas que buscaban la transparencia del Gobierno y propiciar un clima más democrático y justo.
Argumento tres: El INAI es corrupto. En esta administración, una vez que la desaparición del INAI se dio en las cámaras surgieron casos como el del ex encargado de la Secretaría de Datos Personales y ex Director General de Protección de Derechos y la supuesta extorsión a la Federación Mexicana de Futbol y algunos otros mencionados por la Auditoría Superior de la Federación en 2024; Este argumento de la corrupción y nepotismo en el Instituto son casos que deberían sancionarse conforme a derecho, aplicar la ley y en su caso, encarcelar a quien corresponda; como contribuyente eso es lo que espero, eso ganaría credibilidad a los dichos del Gobierno y claramente no justifica la desaparición del INAI en ninguna forma.
Finalmente, el argumento de que sin el INAI habrá más transparencia es falso, por la forma en cómo se está diseñando la Secretaría de anticorrupción y Buen Gobierno (lo que sea que signifique su nombre).
Sin duda estamos en tiempos complejos y bajo una nueva lógica; para quienes nos dedicamos a asesorar en materia de Protección de Datos Personales, vemos como países más pequeños que se nutrieron con la LFPDPPP y que vieron en ella un modelo a seguir, hoy van superando lo hecho en México a través del INAI y nuestro país, se va quedando a la saga, de nuevo.
¿Usted qué opina?
