El día que la ciudadanía cambió de redacción
El 17 de octubre de 1953, el Diario Oficial de la Federación publicó una reforma que alteró unas cuantas palabras de la Constitución mexicana y, con ellas, la condición política de millones de mujeres. El nuevo artículo 34 reconocía expresamente como ciudadanos de la República a “los varones y las mujeres” que cumplieran los requisitos establecidos por la ley. Después de décadas de organización y reclamos por el sufragio, la ciudadanía femenina quedaba finalmente reconocida a escala federal.
La modificación había sido impulsada por el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines y reformaba los artículos 34 y 115 constitucionales. Su importancia iba más allá de añadir a las mujeres al padrón electoral: reconocía su derecho a votar y también a ser elegidas para cargos de representación popular. Hasta entonces, México podía hablar de ciudadanía y democracia mientras una parte enorme de su población permanecía fuera de la decisión política nacional.
La reforma tampoco apareció de pronto. En 1947 se había reconocido la participación femenina en elecciones municipales y, mucho antes, mujeres como Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Laureana Wright, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y otras habían utilizado periódicos, congresos, asociaciones y campañas para discutir públicamente una exclusión que durante años se presentó como parte natural del orden político. El 17 de octubre condensó décadas de presión en una nueva redacción constitucional.
Todavía faltaba una escena decisiva. El 3 de julio de 1955, casi dos años después de aquella publicación, las mujeres mexicanas acudieron por primera vez a votar en una elección federal. El derecho escrito en 1953 adquirió entonces una forma cotidiana: llegar a una casilla, formarse, recibir una boleta y elegir. Entre ambas fechas se encuentra la distancia entre el reconocimiento jurídico y su ejercicio público.
Antes de la urna
La jornada de 1955 ocurrió durante las elecciones para integrar la XLIII Legislatura del Congreso de la Unión. Aquellas urnas fueron la consecuencia electoral de la reforma publicada el 17 de octubre de 1953, aunque el camino había comenzado mucho antes. México había reconocido desde 1947 el voto de las mujeres en elecciones municipales y algunas entidades habían vivido experiencias locales todavía más tempranas; la ciudadanía política federal, en cambio, seguía pendiente.
El camino hasta ese día fue largo y no comenzó en los años cincuenta. Detrás de la imagen de las mujeres votando por primera vez hay décadas de organización, escritura, conferencias, manifiestos, presión política y trabajo colectivo. Mujeres como Laureana Wright, Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche Barrera, Raquel Dzib Cicerón, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Amalia González Caballero de Castillo Ledón y muchas otras sostuvieron, desde distintos frentes, una exigencia que hoy parece evidente: que la ciudadanía no podía estar completa si dejaba fuera a la mitad de la población.
Durante buena parte de la historia moderna, a las mujeres se les pidió participar en la vida nacional desde el deber, pero no desde la decisión. Se esperaba de ellas educación moral, trabajo doméstico, maternidad, apoyo comunitario, asistencia social e incluso participación en momentos de crisis. Pero la política formal seguía reservada para otros. El voto femenino vino a poner en duda esa contradicción: ¿cómo podía un país hablar de democracia mientras restringía quién tenía derecho a elegir su rumbo?
La primera jornada federal
Por eso la fecha no debe leerse sólo como una efeméride electoral. También puede entenderse como una escena de ingreso: las mujeres entrando a un espacio que ya transformaban desde hacía tiempo, pero que hasta entonces no las reconocía plenamente. La urna, ese objeto aparentemente simple, adquirió otro significado. Fue una puerta. Fue una confirmación. Fue también una deuda que empezaba apenas a saldarse.
Es difícil imaginar hoy la mezcla de emociones que pudo acompañar aquella primera jornada federal. Para algunas mujeres, quizá votar fue un acto solemne; para otras, un gesto práctico; para muchas, una forma de confirmar que la vida pública también les pertenecía. La democracia, que durante décadas había sido presentada como una construcción nacional, tuvo que admitir entonces que su idea de nación estaba incompleta.
Como resultado de aquella elección, cuatro mujeres fueron electas diputadas federales: Margarita García Flores, Marcelina Galindo Arce, Guadalupe Urzúa Flores y Remedios Ezeta Uribe. Sus nombres recuerdan que el sufragio femenino no sólo abrió la posibilidad de votar, sino también la de ser votadas. La ciudadanía plena implicaba ambas cosas: elegir y poder ser elegida, mirar el poder desde fuera y también ocuparlo.
Una conquista, no una concesión
Leer el decreto del 17 de octubre de 1953 como una concesión presidencial disminuiría la historia que lo hizo posible. Adolfo Ruiz Cortines presentó la iniciativa y la reforma quedó publicada durante su gobierno, pero las mujeres mexicanas llevaban décadas exigiendo ciudadanía política, argumentándola en periódicos y congresos, organizándose y ocupando espacios desde los que muchas veces apenas se toleraba su presencia.
Recordar el voto femenino como una concesión sería disminuir su historia. Las mujeres mexicanas no recibieron ese derecho como un regalo: lo exigieron, lo argumentaron, lo organizaron y lo sostuvieron. Lo hicieron desde periódicos, congresos feministas, aulas, asociaciones civiles, campañas políticas, conversaciones familiares y espacios donde muchas veces su presencia era tolerada, pero no plenamente escuchada.
La palabra “conquista” importa porque devuelve agencia a quienes abrieron camino. No se trató de una autorización generosa desde el poder, sino de una presión histórica acumulada. Cada avance tuvo detrás mujeres que insistieron incluso cuando se les decía que la política no les correspondía, que su lugar estaba en lo privado o que su participación podía alterar un orden social presentado como natural.
En ese sentido, no fue el final de una lucha, sino el comienzo de otra etapa. Después de votar por primera vez a nivel federal, las mujeres mexicanas enfrentaron nuevos desafíos: ser tomadas en serio como ciudadanas, acceder a candidaturas reales, ocupar cargos de decisión, construir liderazgos propios y disputar una cultura política que muchas veces aceptaba su voto, pero no necesariamente su autoridad.
Ahora: la paridad como punto de partida
La participación política de las mujeres en 1955 estuvo marcada por una paradoja: por fin podían votar, pero el sistema político seguía siendo profundamente masculino. Tener derecho a depositar una boleta no significaba, de manera automática, tener el mismo acceso al poder, a los partidos, a los recursos de campaña o a las redes donde se decidían las candidaturas.
En aquellos años, la mujer votante empezó a ser incorporada a la vida democrática, pero todavía bajo muchas expectativas tradicionales. Se celebraba su civismo, su responsabilidad, su papel moral dentro de la familia y la comunidad. Sin embargo, la idea de la mujer como figura de mando, legisladora, gobernante o estratega política todavía enfrentaba resistencias profundas. La presencia femenina era aceptada con más facilidad cuando parecía acompañar al orden existente, no cuando lo cuestionaba.
Por eso, mirar 1955 desde el presente obliga a distinguir entre inclusión formal e igualdad sustantiva. El voto fue indispensable, pero no suficiente. Abrió la puerta, sí, pero cruzarla implicó décadas de disputa por representación, autonomía, voz pública y poder efectivo.
Ahora: la paridad como punto de partida
Setenta años después, el panorama ha cambiado de manera notable. México ha avanzado hacia una democracia paritaria: las reglas electorales han obligado a los partidos a postular más mujeres, el Congreso federal ha alcanzado una integración paritaria y la presencia femenina en cargos públicos ya no puede ser tratada como excepción. En 2024, el país vivió además un hecho histórico: por primera vez, una mujer fue electa Presidenta de la República.
Sin embargo, el avance numérico no cancela las preguntas de fondo. Que haya más mujeres en la política no significa que todas puedan ejercer el poder en igualdad de condiciones. La violencia política de género, los ataques digitales, la descalificación basada en estereotipos, la desigualdad en los cuidados y las estructuras partidistas controladas históricamente por hombres siguen marcando los límites de la participación pública.
La paridad, entonces, debe leerse como un piso y no como una meta final. Tener congresos integrados por mujeres y hombres en proporciones equilibradas es un logro democrático enorme, pero el siguiente paso es preguntarse qué tipo de poder pueden ejercer esas mujeres, qué agendas logran impulsar, qué resistencias enfrentan y cuántas pueden participar sin pagar costos personales, simbólicos o incluso físicos por hacerlo.
El futuro: de votar a transformar
El futuro de la participación política de las mujeres no depende sólo de cuántas llegan a una boleta o a un cargo. Depende también de si el sistema político es capaz de cambiar sus formas de operar. Una democracia verdaderamente igualitaria no sólo cuenta mujeres: escucha sus agendas, protege sus trayectorias, redistribuye el poder y transforma las condiciones que durante generaciones hicieron de la vida pública un terreno hostil.
El reto está en pasar de la representación descriptiva a la representación sustantiva. No basta con que haya mujeres en las instituciones; importa que puedan decidir, presidir comisiones relevantes, encabezar gobiernos locales, influir en presupuestos, legislar con perspectiva de género y participar sin que su legitimidad sea puesta en duda una y otra vez.
También será necesario mirar más allá de los grandes cargos. La política no ocurre únicamente en la Presidencia, el Senado o la Cámara de Diputados. Ocurre también en los municipios, en los congresos locales, en los cabildos, en las comunidades indígenas, en los partidos, en los sindicatos, en las universidades, en las organizaciones civiles y en todos los espacios donde se decide cómo se vive.
Una democracia que aún se escribe
El 17 de octubre de 1953 México modificó su Constitución, pero ninguna frase jurídica podía desmontar por sí misma las estructuras que habían mantenido a las mujeres fuera de la decisión política. La reforma abrió una posibilidad concreta; el 3 de julio de 1955, cuando las primeras votantes acudieron a una elección federal, esa posibilidad adquirió cuerpo, fila, boleta y urna.
Recordar hoy aquella reforma implica mirar también a las mujeres que hicieron necesaria su publicación. Las que escribieron antes de poder votar, organizaron congresos, reclamaron candidaturas, discutieron con partidos y gobiernos, y siguieron insistiendo cuando la ciudadanía parecía tener género. Muchas no llegaron a ver las elecciones de 1955; otras pudieron finalmente participar en ellas.
Setenta y tres años después del decreto, la pregunta ya no consiste en saber si las mujeres pueden entrar a la vida política mexicana. Están dentro, votan, legislan, gobiernan y ocupan la Presidencia. La discusión se ha desplazado hacia las condiciones en que ejercen ese poder, la violencia que todavía acompaña muchas trayectorias y las decisiones que una democracia paritaria es capaz —o incapaz— de modificar. La historia que empezó antes de 1953 todavía no ha terminado.
